Impugan diputados Ley de Seguridad

Impugan diputados Ley de Seguridad

Jueves 18 de enero de 2018.- Diputados del PAN, PRD, Morena y MC acudieron hoy  a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar que se invalide toda la Ley de Seguridad Interior.

Al reunir hasta anoche 188 firmas, de 167 necesarias, los cuatro partidos presentaron una acción de inconstitucionalidad con 21 conceptos de invalidez de la ley que busca regular la actividad de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad y combate al crimen organizado.

Como primer punto, el documento plantea a la Corte que se determine si el Congreso de la Unión, a partir de una facultad que expresamente tiene el Presidente de la República, puede expedir la Ley de Seguridad Interior.

“Las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles tienen sus respectivos ámbitos de competencia, que no se deben transgredir. Así, el artículo 89, en su fracción VI, otorga al Presidente el carácter de Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. Esto implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, es decir, a) Del Ejército, b) Fuerza Aérea Mexicana, y c) Armada de México.

“Válidamente se puede concluir que el Congreso de la Unión no cuenta ni con una facultad expresa o explícita, ni con una facultad implícita, para expedir la norma general que ahora se impugna su constitucionalidad”, se argumenta en el recurso.

A lo largo del documento de 145 páginas, se fundamentan los diversos conceptos en los que los legisladores consideran que se violan preceptos de la Constitución.

Por ejemplo, se argumenta que la Ley de Seguridad Interior es violatoria del principio de legalidad, contenido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución, debido a que el Congreso no tiene la facultad para legislar en el tema.

“Como jurisprudencialmente lo ha determinado el Alto Tribunal, para que un acto legislativo cumpla con tal requisito (de legalidad) resulta necesario que el órgano que lo emite tenga la facultad para emitirlo”, se señala en el texto.

También se cita que la Ley de Seguridad Interior viola la garantía de salvaguarda federal, contenida en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución, respecto a la protección que debe otorgar la Federación a las entidades.

Por oficio, se añade, el Ejecutivo federal, no podría hacer una declaratoria de intervención, por lo que debe prevalecer la solicitud de un Congreso local o de su Ejecutivo, para recurrir a las Fuerzas Armadas.

“Ni las autoridades federales, ni las Fuerzas Armadas pueden implementar ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, sin antes recibir petición alguna por parte de alguna Legislatura de las entidades federativas o del Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida”, se explica.

“El Consejo de Seguridad Nacional no puede limitar la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, mediante lineamientos, pues la intervención se puede realizar mediante una petición por parte de alguna Legislatura de las entidades federativas o del Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida”.

El Presidente de la República, se expone en la impugnación, no es el único que puede ordenar la intervención de la Federación para realizar e implementar Acciones de Seguridad Interior en una entidad federativa, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pues la intervención se puede realizar mediante una petición por parte de alguna Legislatura de las entidades federativas o del Ejecutivo.

Además, se expone que las acciones para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior no pueden ser de carácter permanente y tampoco requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Sobre la disposición de que el Presidente pueda ordenar, de manera discrecional, acciones de seguridad interior sin que exista ninguna declaratoria y que las Fuerzas Armadas puedan identificar, prevenir y atender riesgos de manera permanente y sin declaratoria, se advierte que se rompe con la concepción de diversos organismos internacionales de que el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad debe ser de manera excepcional y temporal.

La acción de inconstitucionalidad aborda también la disposición de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en protestas sociales, en caso de que éstas se salgan de los preceptos constitucionales.

“Tampoco es válido que las Fuerzas Armadas o las fuerzas federales realicen acciones de aparente uso legítimo de la fuerza, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución, a partir de provocar mediante agresiones con diversas técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos a quienes llevan a cabo legítimos movimientos de resistencia pacífica”, se indica.

“Su utilización no sería racional ni proporcional, aun cuando en tales circunstancias los manifestantes respondieran a la provocación, pues también existe la garantía de legítima defensa que autoriza a las personas a repeler cualquier agresión actual, real, directa y sin derecho de parte de terceros o de autoridades”.

En el texto se advierte que la Ley de Seguridad Interior carece de constitucionalidad al dar facultades en materia de inteligencia a las Fuerzas Armadas.

No se señala, agrega, en qué consisten tales facultades ni se establece de manera específica los procedimientos e instancias que deban participar en ellas, lo cual es contrario a lo previsto por el artículo 16 Constitucional.

Los diputados piden a la Corte admitir el recurso, analizarlo y emitir una sentencia en la que invalide toda la ley.

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